La iniciativa también recoge el cierre inmediato de la central nuclear de Garoña, en Burgos, y una reforma del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que garantice su transparencia y la eficacia de su funcionamiento.

Por último, señala la necesidad de modificar la ley de energía nuclear, para que se elimine toda referencia a la promoción de este tipo de energía, se haga efectiva la obligación de las empresas de gestionar sus residuos radiactivos y se garantice el derecho de todo ciudadano o asociación de recurrir como parte interesada todos los actos de la administración.