El grupo que preside Gaspar Llamazares denuncia, entre los argumentos de su proposición de ley, que "la actitud del CSN ante los problemas de seguridad de las centrales nucleares es cada vez más permisiva y complaciente", como muestra su "pasividad" ante deficiencias detectadas en las centrales de Garoña, Zorita, Almaraz II o Vandellós II.

"Es una necesidad inaplazable emprender una profunda reforma legal del Consejo de Seguridad Nuclear si queremos que este organismo sea en verdad independiente de los intereses de la industria nuclear y quede garantizado su funcionamiento transparente y eficaz", añade.

Para ello, propone la creación de un Comité Asesor Técnico independiente que supervise al CSN, constituido por profesionales de reconocido prestigio e independientes de la industria, con experiencia en seguridad nuclear, protección radiológica y medio ambiente; y en el que participen las comunidades y municipios afectados, así como entidades ecologistas.

Asimismo, considera "imprescindible que se mejore de manera sustancial el marco existente para que estos sectores, y la sociedad civil dispongan de información en tiempo real sobre el funcionamiento de las instalaciones y, especialmente, de los incidentes que ocurran".

Finalmente, y con el fin de aumentar la transparencia, la iniciativa de IU-ICV garantiza la protección y confidencialidad a aquellos trabajadores que denuncien problemas de seguridad, tal y como ya sucede en Estados Unidos y en otros países europeos.