La diputada de IU-ICV Isaura Navarro pedirá al Ejecutivo que explique "cómo va a garantizar los compromisos de servicio público contenidos en el Dictamen del Comité de Expertos y el proyecto de ley con la propuesta de estructuración y redimensión de RTVE prevista por la SEPI y la dirección del ente público".

Navarro subrayó que aún se encuentra en tramitación parlamentaria el proyecto de ley de Radio y Televisión de Titularidad Estatal y, "sin que ésta haya finalizado y, por tanto, sin definir las directrices que han de regir el ente público, la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) y la dirección de RTVE han puesto en marcha el llamado ‘Plan de Saneamiento’ sin ninguna consulta".

En su opinión, "el plan de saneamiento, tal como está planteado, implica una mutilación vertebral de la radio televisión pública, en vez de ofrecer una alternativa de futuro que garantice un nuevo modelo de servicio público de RTVE fuerte, competitiva y renovada ante la nueva etapa digital".

"No es aceptable ni en la forma ni en sus contenidos. En la forma, porque debería haber sido elaborado, desde el inicio, con la participación de los representantes legales de los trabajadores de RTVE, y en los contenidos, porque está inspirado en un recorte absoluto, tanto de los recursos humanos como de los propios recursos técnicos, profesionales y físicos", agregó.

"La magnitud del ajuste muestra la evidente improvisación y precipitación con que se está obrando en las direcciones de la SEPI y de RTVE", según Navarro.

Para IU-ICV, "la alternativa debiera estar basada en un modelo de gestión eficiente, descentralizada y políticamente independiente. Su financiación debe ser suficiente, estable y garantizada por los Presupuestos Generales del Estado, los ingresos publicitarios y los recursos comerciales, tal como acontece en nuestro entorno europeo".

"La oferta debe ser atractiva e innovadora, de calidad y dirigida a sectores mayoritarios de la población, pero también a otros segmentos relegados en otras ofertas", concluyó, porque debería estar comprometida "con un servicio público de calidad y justificada por su rentabilidad social y cultural".