Según informó hoy la Comisión Política Regional de IU, "tales informaciones aparecen en un contexto plagado de rumores a cerca de la posible 'compra' del voto de los tránsfugas, por lo que como formación democrática y como ciudadanos nos vemos en el deber de instar al Ministerio Fiscal a que investigue"

En las informaciones utilizadas por IU como base documental de la petición se hace referencia a que varios días antes de que se celebrara la moción de censura contra Hormaechea, a iniciativa del socialista Jaime Blanco, varios alcaldes del PP especularon con la posibilidad de que hubiera ya un acuerdo económico de Hormaechea con los diputados que habían abanadonado su partido para que no votaran en contra de él.

El acuerdo consitiría en el cobro, por cada uno de los cuatro diputados (Roberto Bedya, Alberto Rodríguez, Joaquín Fernández San Emerito y José Parra, de 100 millones de pesetas a través de un banco suizo, actuando como internediario un constructor de la región.

También se hace constar la existencia de una reunión que habrían mantenido 48 horas antes de la moción de censura, dos empresarios constructores de Cantabria, afines al presidente regional, con los cuatro diputados que finalmente impidieron que saliera adelante la censura socialista a Hormaechea.