La denuncia, presentada ante el fiscal jefe del Alto Tribunal por los diputados de la coalición Juan Luis Aparicio y José Antonio González, recoge que los responsables de la Consejería de Agricultura habrían incurrido en un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos en la concesión de estas ayudas.

Según Aparicio, "está muy claro el hecho de la corrupción o al menos la injusticia social", ya que mientras la Junta da ayudas a "esos nobles terratenientes por el único hecho de tener sus fincas en la región, se las deniega a cientos de pequeños agricultores por no serlo a título principal", un hecho que según el diputado se agrava porque "la Junta ha tenido que devolver a Bruselas más de 600 millones de pesetas".

Los hechos denunciados se remontan al mes de marzo de 1992, de acuerdo con un decreto que publicó la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta extremeña, que exigía que las ayudas fueran destinadas a pequeñas y medinas empresas y a las de economía social, sin especificar que los agricultores tuvieran que serlo a título principal.

Además, según Aparicio, en una comunicación interna de la Junta figuran los listados con estas personas y otras conocidas de la alta sociedad extremeña con fecha del 8 de febrero de 1993, cuando la fecha de elaboración de los mismos que aparece de forma pública es del 2 de abril, "lo que nos permite sospechar ciertas irregularidades en su elaboración".

La denuncia también indica qu algunas de las fincas de las personas que recibieron las ayudas superan ampliamente el concepto de lo que son las pymes y además el 10 por ciento de las mismas no fueron inspeccionadas, como se establecía en la normativa que regulaba la concesión de estas ayudas.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Jorge Sena, ha señalado que abrirá las oportunas diligencias informativas para esclarecer la concesión de estas ayudas.