IU EXIGE RESPONSABILIDADES POLITICAS A GONZALEZ POR LA ILEGALIDAD DEL NOMBRAMIENTO DE ELIGIO HERNANDEZ DECRETADA POR EL SUPREMO

- López Garrido reclama una reforma del Ministerio Fiscal y la participación del Parlamento en su designación

MADRID
SERVIMEDIA

El portavoz adjunto de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Diego López Garrido, exigió hoy responsabilidades políticas al presidene del Gobierno, Felipe González, a quien acusó de incurrir en una "flagrante ilegalidad" al designar a Eligio Hernández como fiscal general del Estado, acto que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo.

López Garrido declaró a Servimedia que el jefe del Ejecutivo debe dar explicaciones por el nombramiento de Eligio Hernández y por su actitud de empecinamiento al manterlo en el cargo "contra viento y marea", a pesar de las numerosas advertencias recibidas sobre la ilegalidad de su nombramiento. A juicio del parlamentario de IU la nulidad del nombramiento decretada por el alto tribunal podría afectar a la seguridad jurídica de las decisiones tomadas por el anterior fiscal general del Estado.

"No sabemos lo que sucederá, porque la sentencia todavía no está redactada y hay que tener cautela en las consideraciones. La propia sentencia dirá cuál es el alcance de esa nulidad, pero en todo caso, el actual fical general debería revisar las circulares dictadas por su antecesor y, en su caso, modficarlas o regularlas".

López Garrido abogó por la modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal y dijo que Eligio Hernández encarnó un modelo de fiscal general que está en las "antípodas del espíritu constitucional, por su clara obediencia al Gobierno y su militancia política. "Más bien fue un fiscal general del Gobierno y no un fiscal general de los ciudadanos", remarcó.

PROPONER UNA TERNA

En su opinión, hay que conseguir un modelo de fiscal independiente y profundamente inmparcial en cuant a su ejecutoria. En este sentido, reclamó una participación del Parlamento en la elección del candidato, a través de un debate previo en el que la Cámara pudiera proponer una terna al Gobierno para que éste designara al candidato, teniendo en cuenta su trayectoria profesional, su independencia y su valía como jurista.

Respecto a la sentencia del Supremo, dijo que la interpretación realizada es la correcta, porque el tiempo en que Hernández desempeño cargos públicos no puede ser computado como ejercico efectivo de la carrera judicial.

Para López Garrido, el Ejecutivo podía haber previsto la posible ilegalidad del nombramiento, pero decidió finalmente tomar ese riesgo, principalmente por el "clima de impunidad política" como consecuencia de la mayoría absoluta de la que gozaban los socialista, "y que ha sido el caldo de cultuivo donde se han edificado casos de corrupción", concluyó.

(SERVIMEDIA)
18 Jun 1994
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