Dijo que estos lugares requieren, a su juicio, de un "equipo muy preparado que vele por los derechos de los menores" y señaló que "la falta de regulación y el hecho de que la gestión de estos espacios en la Comunidad de Madrid, esté en manos de empresas privadas, no garantiza esa seguridad y profesionalidad imprescindibles".

Explicó que, "en muchos" de estos puntos de encuentro "falta personal experimentado y no se ofrece una atención personalizada a los niños y niñas que acuden a ellos, muchos de los cuales vienen de entornos marcados por la violencia" y añadió que "no se escucha lo suficiente a los menores ni hay un seguimiento adecuado de estas visitas y cómo afectan a los pequeños".

Amat recordó que ya en 2004 el Defensor del Pueblo recomendó a todas las comunidades autónomas que regularán el funcionamiento y las prestaciones de estos puntos de encuentro.

Anunció que IU ha presentado una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno regional a la regulación por ley en un plazo de seis meses de los puntos de encuentro familiar, como ya existe en otras comunidades autónomas, en el ámbito de los servicios sociales.

Por último indicó que una ley de estas características debe buscar el "máximo consenso" por lo que su anteproyecto debería ser debatido en el ámbito parlamentario permitiendo enmiendas por parte de todos los grupos parlamentarios y la participación de las "asociaciones implicadas y de los expertos que llevan años trabajando en este tema".