El diputado de IU Ángel Pérez explicó hoy, en una rueda de prensa en la Cámara Baja, que todos los titulados universitarios que desempeñen funciones de personal de investigación tanto en el sector público como en la empresa privada deben tener "plenamente reconocidos los derechos de la contratación laboral".

La iniciativa presentada por IU-ICV es heredera de una propuesta del Parlamento de Andalucía que el PSOE retiró del orden del día el pasado 4 de abril sin dar "ninguna explicación", denunció Pérez, lo que se contradice con el discurso de los socialistas en la oposición.

Recordó que en 2000 IU presentó una proposición no de ley para la regulación del estatuto de los investigadores, que fue rechazada por el PP. Tres años más tarde, agregó, el PP "se quiso lavar la cara" poniendo en marcha el Estatuto del Becario, con el que podrían acceder a la Seguridad Social a partir del tercer año.

En el año 2004, una proposición no de ley estableció el sistema del 2+2, es decir, dos años de beca y otros dos de contrato, y en 2006 el Gobierno socialista aprueba el Estatuto del Personal de Investigación en Formación.

"Es chocante el discurso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando estaba en la oposición y denostaba la política del déficit cero, y que ahora ufanamente dice que hay un 1,5 por ciento de superávit", dadas las carencias sociales y de inversión en I+D.

El diputado de IU emplazó por ello al Ejecutivo socialista a que aplique la Carta Europea del Investigador, que implica su incorporación al régimen laboral desde el primer momento; a que "se crea su propio discurso" de impulso de la productividad y competitividad y a que renuncie a "métodos de evasión política" para eludir sus compromisos.

INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS

En nombre de la Federación de Jóvenes Investigadores, Andrés Baselga indicó que este asunto se ha negociado directamente con el Ejecutivo y en junio del año pasado se llegó a unos acuerdos que establecían "condiciones mínimas", aunque no se atendían todas las reivindicaciones del colectivo.

No obstante, tras un año de negociaciones, reuniones y avances, el Estatuto aprobado "ni siquiera cumplió" estas condiciones, con lo que gran parte de los becarios de investigación, todos los que no están sujetos a programas de doctorado, quedan "desprotegidos", agregó.

Jaimé Martí, también portavoz de la federación, indicó que la última encuesta al respecto del Instituto Nacional de Estadística (INE), realizada en 2003, revela que son 23.000 los investigadores que trabajan sin contrato, lo que implica un buen número de personas con empleo "ilegal".

El estatuto de becario implica que los investigadores no tienen derecho a paro, no cotizan para la jubilación, no pueden acceder a las prestaciones por maternidad y no se les reconocen los riesgos laborales a los que están sometidos, lo que supone una "total desprotección".

Agregó que el uso de becarios comenzó a extenderese entre los organismos públicos, pero se ha trasladado a la empresa privada, que les utiliza para "ahorrarse contratos" y deja a los investigadores en "una precariedad absoluta".

"POR LA DIGNIDAD"

Por ello, anunció que la federación ha convocado una manifestación en la plaza de Neptuno, en Madrid, para el próximo sábado, bajo el lema "Por la Dignidad en la Investigación", y se ha elaborado un manifiesto que en diez días ha logrado ya 5.000 firmas de adhesión.

Santiago González, en mombre de la Unión Sindical Obrera (USO), que se ha sumado a estas actuaciones, recalcó que la figura del becario está fuera del Estatuto de los Trabajadores y debe circunscribirse a las prácticas para conseguir una titulación, pero una vez lograda, no se puede mantener "bajo el paraguas académico".

Concluyó que actualmente es el empresario el que dictamina quién es un becario, que al no ser empleado tampoco tiene "visibilidad" en la empresa, a lo que se unen los riesgos laborales. Indicó que ya han fallecido dos becarios, uno en accidente en Zaragoza, al que el tribunal reconoció relación laboral, y otro por muerte natural en Las Palmas.