A su juicio, se debería actuar "de inmediato" y "apoyara las fuerzas de seguridad en la detección de delitos contra la salud de los trabajadores, aumentar hasta 300 el número de inspectores de trabajo en la región, publicitar los nombres de las empresas con sanciones graves y muy graves en materia de salud laboral y aplicar el veto (previsto en la ley) de contratar con dichas empresas por parte de todas las administraciones públicas".

"Hay que poner a la Administración ante su propia responsabilidad", dijo Marín, que exigió aAguirre que "tome medidas, que se ponga en contacto con los sindicatos y que tengamos encima de la mesa un verdadero programa de reducción de la temporalidad, de reducción de la subcontratación que están en el origen de ese altísimo número de accidentes que no casan con una Comunidad que tanto nos quieren vender como una comunidad con números europeos".

Tras declarar que "queremos tener unos índices de subcontratación, temporalidad y accidentabilidad iguales o inferiores de los de la UE", recordó a la presidenta regionalque "su obligación es hacer cumplir la ley. Hace tiempo que estamos hartos de denunciar el incumplimiento de la Ley, la ausencia de medios, la ausencia de regulación en la subcontratación, de la impunidad de quienes faltan a la ley y juegan con la vida de los trabajadores".