A su juicio, esta medida "vulnera el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna". "Es una subida brutal e injusta que además está causando gran alarma entre las personas que son adjudicatarias de pisos protegidos", dijo Sabanés.

Añadió que "han pretendido no dar muchas explicaciones sobre el asunto y esto ha ocasionado una gran confusión entre las personas que ya tienen un piso adjudicado y las que lo quieren solicitar".

Sabanés afirmó que el Gobierno del PP "ha demostrado que es insensible a las reivindicaciones de los madrileños" y exigió "un gran pacto por la vivienda que reconozca que ésta es un derecho, con independencia de la capacidad económica".

"La Comunidad lo que hace es subir los precios y aumentar los beneficios empresariales, mostrando un absoluto desprecio hacia los movimientos que vienen revindicando en la calle desde hace años vivienda para todos", concluyó.

Por su parte, el diputado regional de IU Gregorio Gordo afirmó que esta medida pretende "trasladar el modelo especulativo de construcción de vivienda privada al sector público".

Defendió "la necesidad de impulsar una verdadera política de vivienda pública, cuya finalidad sea garantizar el derecho a los ciudadanos y no la defensa de las promotoras inmobiliarias y las grandes constructoras".