IU-CA entiende que la privatización de las urgencias conculca el artículo 41 de la Constitución española, en el que se asegura que "los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo". La previsible privatización del servicio de urgencias público de Andalucía, según el Gobierno autónomo, se basa en un proyecto de gestión cuya filosofía es la reducción de gastos.

La diputada de IU en la Cámara Baja Carmen Maestro califica la privatización de las urgencias como un hecho "muy grave, ya que el Estado no es quién para disponer de un patrimonio que no es suyo".

"La Seguridad Social", afirmó la diputada, "es de los trabajadores, que han cotizado por ella, y de los empresarios que l han mantenido con sus aportaciones".

Además del recurso ante el Tribunal Constitucional, Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía no descarta actuar por la vía contencioso-administrativa, si algún organismo del Estado interviene en la gestión pública de la Seguridad Social.

La coalición de izquierdas cree que los gastos de las urgencias podrían reducirse con la potenciación de la atención primaria y la educación sanitaria.