Ese sería el último Pleno del Congreso de los Diputados en el que podría introducirse este tema, ya que la última semana antes de las vacaciones de Navidad se deja para la aprobación definitiva de los Presupuestos.

El coordinador de Política Institucional de IU, Félix Taberna, subrayó que, "después de los sucesivos aplazamientos, primero para presentar un proyecto mutilado drásticamente y poco ambicioso" en el último Consejo de Ministros previo a las vacaciones veraniegas, "resultaría incomprensible" una nueva dilación.

"Pese a la gran distancia entre el proyecto propuesto por el Gobierno socialista y lo que nosotros reclamamos de esta ley", agregó, "esperamos que José Luis Rodríguez Zapatero no cometa un doble error democrático grave: primero, retrasar el debate y, en segundo lugar, seguir negándose a anular los juicios sumarísimos del franquismo".

A su juicio, el Ejecutivo socialista debe "dejar de refugiarse en cortinas de humo sin base alguna y atreverse a explicar con claridad que sus razones para negar estas anulaciones no son técnicas ni jurídicas, sino políticas: no quiere incorporar este tema a su proyecto de ley porque teme el enfrentamiento político con el PP y con la derecha mediática".

El dirigente de IU concluye que, a estas alturas de la legislatura, pasado ya el ecuador, "parece que su apuesta por el cambio y la regeneración democrática ha dado paso a un acomodado continuismo".

En el mismo sentido se pronuncia el portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardà, quien recordó que el Gobierno se comprometió la semana pasada a celebrar el debate de totalidad el 14 de diciembre, después de que la Mesa del Congreso acordara no incluirlo en la sesión del 30 de noviembre.

Reiteró que un requisito fundamental para respaldar esta ley es el "reconocimiento jurídico de la condición de víctima de los represaliados, la aplicación de la doctrina de Naciones Unidas por lo que respecta a los derechos humanos, y la anulación de las causas sumarísimas y las sentencias de los tribunales políticos del franquismo".