Según publicó ayer el diario "El País", el Ministerio de Justicia estudia transferir esas competencias para evitar un cada vez mayor desgaste de imagen del Gobierno ante la opinión pública española por la aplicación de la política de reinserción que mantiene desde hace años.

Por contra, en los partidos vascos y en la sociedad vasca está bien vista esta política como fórmula para acabar definitivamente con la vilencia por la vía de dividir el colectivo de presos de ETA, y no sería problemática la transferencia.

En declaraciones a Servimedia, Castellano comentó hoy que IU no hace distinción de delitos a la hora de aplicar una política penitenciaria de grados que posibilite finalmente la reinserción del delincuente (terrorista o no).

Recordó, a este respecto, que la coalición siempre ha estado en contra de la dispersión de presos, "porque pensamos que tiene que haber otros mecanismos para garantizar la seuridad y para que la cárcel no se convierta una especie de `segunda unidad' de una organización terrorista".

"Nosotros estaremos de acuerdo con toda política del Gobierno cuya orientación sea llevar a cabo la reinserción en aquellos casos en que la ley lo permite", concluyó al respecto.

"RESULTADOS ESCANDALOSOS"

Por otro lado, Castellano pidió al PP que en el caso del alcalde de Burgos, José María Peña, actúe en coherencia con la reforma legislativa aprobada por el Congreso de los Diputados, envirtud de la cual una persona procesada o condenada no puede ser candidato electoral.

"Con todo el respeto para la presunción de inocencia, debe ser inmediatamente alejado de la función pública (el alcalde)", dijo Castellano, quien añadió que no quiere "sacar punta" política a este asunto, que es fundamentalmente jurídico.

"Yo digo que si un día se reformó la legislación para impedir que condenados o en prisión accedan a cargos públicos, la lógica lleva a que quienes son condenados por un delito ometido en función del cargo, sean inmediatamente apartados de ese cargo (...) No hacerlo así es crear unas situaciones que resultan escandalosas", explicó.

En su opinión, es "escandaloso" el agravio comparativo que resulta de mantener a Peña en el cargo, cuando un trabajador que comete un delito en su empresa es automáticamente despedido.