Los responsables de las supuestas irregularidades cometidas tanto en la enajenación de Intelhorce como en su posterior gestión serían, según IU, el Patrimonio del Estado, el Ministerio de Economía y las firmas italianas que adquirieron la empresa por 2.000 millones de peseta.

En una entrevista mantenida ayer con los responsables de la fiscalía malagueña, los diputados de IU, Antonio Romero y Rafael Rodríguez, presentaron un escrito en el que acusan al Ministerio de Economía y al Patrimonio del Estado de "incurrir en los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y uso de información privilegiada".

En su denuncia, IU acusa también a las empresas extranjeras que compraron la empresa de titularidad pública de "haber cometido fraude a Hacienda, estafar alEstado y dañar gravemente el interés público".

La empresa Intelhorce, conocida tras su privatización como General Textil Española fue vendida por el Instituto Nacional de Industria a Benorbe y Benservis por 2.000 millones de pesetas, cuando el valor de su capital ascendía, según IU, a 20.000 millones de pesetas y su patrimonio superaba los 12.000 millones.

CAJA B

En el informe presentado por IU ante el fiscal, se dice que, antes de efectuarse la venta, el Patrimonio del Estado aprobó una ampliaión de capital de 5.800 millones de pesetas que fue empleado por las empresas italianas para avalar el importe de la operación, a pesar de que aún no se había hecho efectivo.

En cuanto a la gestión de General Textil desde su venta a las sociedades italianas en 1989, Antonio Romero relató la comisión de numerosas irregularidades como la existencia de una caja B, o contabilidad paralela, y la ausencia de una auditoría de control que confirmara el cumplimiento de los objetivos firmados en el contrato de ompra.

También acusa a las dos empresas extranjeras de trasladar maquinaria de la firma española a sus plantas de producción en Italia, y de intentar reducir la plantilla para acabar con el déficit que General Textil tiene actualmente.

El parlamentario de IU criticó al equipo económico del Gobierno por su "fiebre privatizadora" y acusó al ministro de Economía, Carlos Solchaga de ser "un extremista y un peligro para la economía del país".