Francisco Alvarez Cascos defenió la presunción de inocencia del ex presidente del Gobierno Balear tras conocer la petición del fiscal del caso Túnel de Sóller. Juan Carrau solicita una pena de un año de prisión y 18 años de inhabilitación, una multa de 150 millones de pesetas y una fianza de 200 millones por los delitos de prevaricación continuada y cohecho presuntamente cometidos por Gabriel Cañellas en la adjudicación de las obras del Túnel de Sóller.

Victor Ríos declaró que las palabras de Alvarez Cascos "degradan la política dl Estado español" y acusó al Partido Popular de actur como el PSOE "y mostrar la hipocresía de sus críticas cuando tanto pedía la dimisión de Barrionuevo" para asumir sus responsabilidades en el caso GAL. Ríos añadió que el discurso de los conservadores "se ha evaporado en solo unos meses".

El grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentará en el Congreso de los Diputados una preguntada dirigida al Gobierno sobre esta cuestión. La coalición de Izquierdas preguntará al Ejecutvo de José María Aznar por qué muestra complicidad con el uso de la política para hacer negocios.

El coordinador general de Izquierda Unida en Baleares, Eberhard Grosske, advirtió por su parte que la coalición tomará medidas judiciales y políticas si "obtiene indicios de que una parte del dinero del túnel de Sóller ha ido al Partido Popular estatal", una hipótesis que consideró "razonable".