López Garrido precisó queel texto adolece de serias deficiencias técnicas que se convertirán en barreras para su eficacia, al tiempo que remarcó que este Código Penal no debe presentarse políticamente como la panacea contra la corrupción.

Junto a una serie de aspectos positivos, como la regulación de las agresiones sexuales, la desaparición del delito de difamación, la mayoría de edad penal a los 18 años y la tipificación de los delitos de racismo y xenofobia, el parlamentario de IU desgranó una serie de insuficiencias que liitan la efectividad del anteproyecto.

Entre ellas citó que el Código Penal no cumple con el principio esencial de intervención mínima, regula numerosas conductas que debieran estar fuera del ámbito de lo penal y contiene decenas de artículos referidos a delitos contra el Estado, como el desacato, que, en su opinión, deberían desaparecer.

López Garrido lamentó que el anteproyecto recoja penas exacerbadas para traficantes y consumidores de drogas, cuando esta lacra social requiere además de una sere de medidas preventivas y de tratamiento por parte de los poderes públicos, para conseguir el objetivo final, que es la reinserción de las personas afectadas.

PENAS DESMESURADAS

Recordó que el 85 por ciento de la población reclusa española está en la cárcel por delitos contra la propiedad o por tráfico de drogas y que el actual Código Penal eleva desemesuradamente estas penas, dificultando las posibilidades de reinserción.

En cuanto a la insumisión, dijo que las penas -de hasta tres años de cácel- son exageradas, tienen un carácter "vengador" de este tipo de conductas y coloca a los insumisos en un "gueto social".

López Garrido aludió igualmente a la delincuencia económica para afirmar que el texto no ha recogido convenientemente su penalización porque la redacción ha sido apresurada, como consecuencia de los casos de Roldán, Rubio o De la Concha y de la alarma social que han generado.

Agregó que en este apartado hacía falta conseguir un perfil más riguroso de la penalización de estasconductas, que, en su opinión, han sido incluidas "a martillazos", sin tener en cuenta las dificultades de encaje en el Código Penal.

El diputado se quejó de que en el anteproyecto no figuren penas para las irregularidades en las adjudicaciones de contratos públicos y de que tampoco estén explicitadas las relativas a la financiación ilegal de los partidos políticos.