En un comunicado hecho público hoy, la coalición anuncia que estudia personarse como acción popular en dicha causa, que está en manos del titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltaar Garzón.

Según el secretario de Derechos Humanos y Libertades de IU, Isabelo Herreros, la actuación de Granados no es ajustada a las normas procesales "y sí a criterios políticos o directrices del Gobierno de Felipe González".

Señaló que la decisión de Garzón de admitir la denuncia de la Unión Progresista de Fiscales y de continuar las investigaciones, pese al dictamen del fiscal, "es correcta y las investigaciones deben agotar todas las posibilidades que permita la legislación española".

su juicio, la actuación del Ministerio de Asuntos Exteriores español en este asunto ha sido no sólo inexistente como, agrega, se ha puesto de manifiesto en las comparecencias parlamentarias realizadas en su día por Javier Solana, "sino que existe ocultación de datos e informes suministrados al Gobierno por la embajada española en Buenos Aires durante el periodo 1976-1983 y de testigos y familiares, que después de la dictadura hicieron declaraciones a la embajada".

Para IU, es plenamente legítima y leal la persecución en España de delitos perpetrados contra españoles durante la dictadura militar en Argentina.

Considera que se trata también, como han mandatado este año las Comisiones de Derechos Humanos de la ONU y de la OEA, "de corregir las aberraciones jurídicas denominadas Ley de Punto Final y de Obediencia Debida así como los indultos dictados por Menem en sumarios en los que aún no existía sentencia".

Por ello, indica que "es de justicia para IU que España se sume a los países de Europa ue siguen procedimientos contra criminales argentinos responsables de torturas, secuestros y asesinatos".