Según explicó hoy el abogado de IU, Luis María Pozo, que ya ejerció la acción popular en el "caso Hormaechea", la querella tiene su origen en las acciones legales emprendidas desde el Gobierno regional contra la funcionaria Begoña Divar con "un ánimo vengativo", y que su testimonio -en el que afirmaba haber recibido coacciones por parte de los intergrantes del primer Ejecutivo presidido por Juan Hormaechea- y los documentos aportados durante la vista oral fueron decisivos para la condena de seis años y un día de prisión mayor y 14 de inhabilitación impuesta al mandatario regional por el TSJC.

Después de la sentencia, y debido a esta declaración, el ministerio fiscal abrió una investigación contra Juan Hormaechea por un supuesto delito de coacciones. El dimitid presidente cántabro decidió entonces presentar una querella contra la funcionaria, a la que acusó de fraude y maquinación para alterar el precio de las cosas. La querella fue encargada al letrado santanderino Pedro Vallés, que durante el juicio del "caso Hormaechea" defendió los intereses el ex consejero de Ganadería Vicente de la Hera.

Estos hechos han dado origen a la querella que IU de Cantabria registraba hoy en el juzgado de guardia de Santander, al considerar esta formación política que el Consjo de Gobierno en funciones ha cometido los delitos de prevaricación y falsedad, mientras que con la contratación de Vallés se ha producido una malversación al contar la Diputación regional con su propio gabinete jurídico.

Para Luis María Pozo, "no se puede consentir que un Gobierno en funciones que tiene empantanada la región presente querellas contra los funcionarios que han sido claves en el juicio seguido contra su presidente".