"Sólo así se puede calificar una medida que atenta contra el cumplimiento por parte de las administraciones de su deber de velar por la defensa de los derechos humanos", señala Hernández a través de un comunicado.

Para la concejala, esta orden es, además, "una irresponsabilidad", ya que, a su juicio, los centros de internamiento incumplen las mínimas normas de habitabilidad y dignidad humana y se impide el control sobre los mismos.

Hernández se suma a las denuncias y exigencias de "paralizar estas actuaciones", tal y como ya ha solicitado la Federación de Inmigrantes de España, y espera que el Defensor del Pueblo actúe "con rapidez y responsabilidad para evitar que estas medidas se conviertan en caldo de cultivo de brotes xenófobos en una coyuntura de aguda crisis económica".

La concejala de IU exigió, además, que el Ayuntamiento de Madrid, en el marco de las competencias que tiene para actuar a través de los planes de convivencia intercultural y atención a la población inmigrante, intervenga para que los objetivos de estos planes no se vean influidos de manera negativa por estas órdenes policiales.