IU DE ANDALUCIA APRUEBA UN DOCUMENTO CON MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCION

MALAGA
SERVIMEDIA

El Consejo de Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía (IU-CA) ha aprbado un documento sobre la corrupción, con el que pretende alcanzar un grado óptimo de ética civil y política.

El documento analiza los casos más flagrantes de presunta corrupción política, en el que resalta el uso de Juan Guerra de un despacho oficial en la Delegación del Gobierno en Andalucía y las consecuencias judiciales y políticas que de él se han desprendido.

IU-CA cree que la situación de corrupción generalizada existente en el país emana directamente de la confusión entre el partido y elEstado en que incurre el PSOE.

La coalición considera que la tarea de Juan Guerra como asistente del ex vicepresidente del Gobierno no debió hacerla en un despacho público de titularidad estatal, "al no ser un empleado administrativo y sí un asistente político".

El diputado y miembro del Consejo Andaluz de IU, Antonio Romero, cree que la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, "mintió al decir que los despachos en las delegaciones del Gobierno los podían utilizar los colaboradores de losministros, porque Juan Guerra no era miembro de ningún equipo ministerial".

La política que el partido gobernante ha aplicado a las instituciones públicas, así como el nuevo ideal económico liberal del PSOE, ha posibilitado, a juicio de la dirección de IU en Andalucía, los brotes de corrupción en casos especulativos y privatizadores.

Izquierda Unida hace patente en su documento las trabas con las que las denuncias de corrupción se han encontrado. "La Fiscalía General del Estado no tiene un estatuo para velar por el interés general", afirman representantes de la coalición, aludiendo a una reunión que la Fiscalía General del Estado mantuvo con los fiscales de Cádiz y Sevilla, en las que se les hizo ver "que no había relevancia penal en el asunto de Juan Guerra".

POLICIA JUDICIAL

IU-CA opina que la falta de medios condiciona la acción de la Justicia. El documento aprobado este fin de semana exige una rápida puesta en funcionamiento de un cuerpo de policía judicial, independiente del Ministeriodel Interior.

En esta línea, denuncia la actitud del Ministerio del Interior respecto a las investigaciones ordenadas por el juez Angel Márquez. En su opinión, los miembros más valiosos de la policía de Sevilla adscritos a la Brigada Judicial han sido trasladados o expedientados "con el fin de entropecer la acción de la Justicia".

El diputado Antonio Romero manifestó que el Gobierno central no ha tenido voluntad para esclarecer los puntos más oscuros del "caso Juan Guerra".

"Es como el zorroque guarda las gallinas. El Ministerio del Interior no puede ser el máximo responsable de una investigación que se realiza contra miembros de su propio partido o gabinete", dijo.

Izquierda Unida ha presentado denuncias y se ha personado en las causas judiciales contra los presuntos casos de corrupción política, en calidad de acusación particular, que la Justicia investiga ahora en el país. La coalición resalta en su documento que mantendrá su actitud denunciante con el objetivo de fortalecer a la demoracia.

FRANQUISMO

El Consejo Andaluz de Izquierda Unida ha lanzado una airada protesta por las manifestaciones realizadas por destacados miembros del PSOE sobre la inexistencia de un ambiente generalizado de corrupción.

Según declaró este fin de semana a Servimedia el secretario general de los socialistas andaluces, Carlos Sanjuán, "esta campaña contra la corrupción daña al sistema democrático".

Para los responsables de IU, "el PSOE confunde al partido con el Estado y el sistema democrátic, a los que quiere hacer propios". Antonio Romero mostró su extrañeza por la defensa que el PSOE realiza del sistema, "cuando durante el franquismo nunca lucharon por la democracia y estuvieron escondidos bajo las piedras esperando ver algún rayo de sol".

Por otra parte, la Comisión Permanente del Partido Popular aprobará hoy diversas iniciativas parlamentarias contra la corrupción. entre otras medidas, el PP propondrá la reforma de la Ley de Contratos del Estado y la ampliación de competencias de la ntervención General del Estado.

(SERVIMEDIA)
27 Ene 1992
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