Llamazares se opuso a esta decisión adoptada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, porque "vulnera los términos del referéndum celebrado sobre la OTAN y consolida una relación colonial de EE.UU. con Esaña en materia de política militar y de seguridad".

"De nuevo bajo la excusa de la seguridad tras el 11 de septiembre nuestro país y los ciudadanos perdemos soberanía, seguridad y democracia al cedérsela el gobierno del PP a la política belicista de Bush", agregó.

Apuntó que "la administración norteamericana autoriza a las agencias de inteligencia la política del asesinato selectivo y no podemos permitir el más mínimo riesgo de que nuestro país se convierta en un nuevo portaaviones de EE.UU. incopatible con los derechos democráticos europeos, hoy por hoy todavía con garantías en materia de derechos y libertades muy por encima de las que despliega la administración Bush".

"La legalización por parte del Gobierno de Aznar de estas actuaciones en nuestro país, además de resultar muy llamativas y significativas desde el punto de vista social y político, contiene un alto índice de inseguridad jurídica", pues conlleva "el sometimiento de las mismas a la jurisdicción norteamericana y no a la española cuestión esta que por delitos comunes ha causado problemas de persecución legal todavía no resueltos".