Tras responsabilizar "directamente" de este hecho a Aguirre, y al consejero de Educación, Luis Peral, afirmó que la mandataria madrileña, "que se dice muy defensora de la libertad de elección de los padres y madres, no garantiza una plaza a las familias que prefieren que sus hijos se eduquen en las escuelas infantiles públicas".

Acusó a la Administración regional de estar "empeñada en convertir este tramo educativo en una fuente de negocios para las guarderías privadas" y defendió la necesidad de apostar por la red pública de escuelas infantiles, "porque a diferencia de las guarderías privadas aparca-niños, basadas en un modelo asistencial, las escuelas públicas entienden que este es un tramo educativo fundamental para el desarrollo de los niños".

Jorge García, que exigió al Gobierno regional un "compromiso claro y efectivo para la construcción de las infraestructuras educativas necesarias para lograr que todas las familias que lo soliciten tengan acceso a una plaza pública en el tramo 0 a 3 años", cifró en 250 escuelas infantiles y 100 casas de niños las infraestructuras necesarias a construir en los próximos cinco años.