Espasa señaló que están abiertos a las sugerencias de inquilinos, propietarios, asociaciones de comerciantes y de vecinos, entre otros colectivos, "dada la enorme trascendencia social de esta ley".

A su juicio, el proyecto presenta "claroscuros", con aspectos positivos como a duración mínima de cuatro años para los alquileres de vivienda, que mejora la "salvajada cometida con el decreto Boyer".

Espasa consideró "correcto" que el Gobierno dé un trato diferenciado a los alquileres de viviendas y a los de locales comerciales, pero estimó prematuro valorar si la actualización de las rentas a que se ven obligados los comerciantes es justa.

También estimó "razonable" que los inquilinos de los pisos de renta antigua tengan que pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles y que elprecio del alquiler se revise anualmente en función de la inflación.

Por otra parte, Izquierda Unida difundió un comunicado en el que aboga por una política urbanística "que frene la especulación y abarate y controle los costes para los promotores y los precios para los usuarios, estableciendo una fiscalidad que impulse y favorezca la utilización de los inmuebles y penalice su desuso, sin excluir el arrendamiento obligatorio".

En su opinión, estas medidas son necesarias ante "el gran número de viiendas, locales y de terrenos edificables que permanecen retenidos especulativamente y sin utilizar, mientras que a la vez existe una demanda insatisfecha cada vez mayor".

IU propugna igualmente el incremento de las dotaciones de viviendas públicas, así como la concesión de subvenciones para la mejora de los edificios y cascos urbanos antiguos.