Greenpeace ha cursado esta solicitud acogiéndose a la Directiva Europea 90/313 sobre la libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, que garantiza el derecho del público a conocer este tipo de datos.

Según la organización ecologista, una de la claúsulas del contrato entre Burson-Marsteller y el Ejecutivo foral incluía que la empresa realizaría una investigación sobre los medios de comunicación, las organizaciones ecologistas y la Coordinadora de Itoiz.

"Suponems", señala Juan López de Uralde, de Greenpeace, "que habrán quitado del informe cualquier elemento que pudiera suponer responsabilidades legales para sus autores, al conocerse públicamente que investigarían a medios de comunicación y ecologistas, pero en todo caso queremos hacer uso de nuestro derecho a conocer el contenido de dicho documento".