Según Greenpeace, de la lectura del fallo del Alto Tribunal se desprende que cualquier Gobierno autonómico o nacional puede cambiar las leyes de protección de la naturaleza para adaptarla a sus planes y proyectos, aunque carezcan de justificación socio-económica y "vayan en contra de los preceptos constitucionales más básicos, como son los derechos fundamentales d los ciudadanos que habitan en las zonas afectadas".

Por este motivo, Xavier Pastor, director ejecutivo de Greenpeace, señaló que su organización no da "por cerrado el caso y se personará en todas las acciones legales que sean posibles y necesarias para la defensa del medio ambiente".

Según Eva Hernández, responsable de la Campaña de Hábitats de esta organización, "esto constituye un precendente con consecuencias futuras en materia de protección ambiental y gestión del territorio difíciles de preer".

A juicio de Hernández, la sentencia supone un espaldarazo para el Gobierno navarro y "las empresas constructoras que se han beneficiado y beneficiarían de la finalización de este proyecto", y denunció que los intereses de estos sectores "prevalecen sobre la protección del medio ambiente, recogido por la Constitución española".