Valerio se mostró convencido de que la Audiencia Nacional pedirá al Tribunal Constitucional que estudie si la modificación de las bandas de protección de las reservas naturales afectadas por las obras que efectuó por ley el Gobierno navarro, para evitar que resultaran inundadas por el polémico pantano, respeta los preceptos constitucionales.

Asimismo, indicó que la Audiencia Nacional revisará previsiblemente los términos jurídicos del proyecto", tal y como ha pedido la Coordinadora de Itoiz, que ha solicitado que esa revisión se plasme en una paralización de las obras.

El fiscal de Medio Ambiente del TSJ de Madrid mostró su preocupación ante el interés de las administraciones públicas en no modificar el proyecto inicial a pesar de las sentencias y resoluciones judiciales, ya que apuntó que el Estado debe "dar ejemplo".

Valero insistió en que ante la situación creada por estas sentencias, el Ministeri de Medio Ambiente debería proponer alternativas y no insistir en terminar el embalse tal y como se proyecto inicialmente.

PARALIZACION DE LAS OBRAS

Por su parte, los abogados de la Coordinadora de Itoiz, María José y José Luis Beaumont, se mostraron convencidos de que la Audiencia Nacional decretará este mismo mes la paralización de las obras, en tanto se dirime si la ley que modificó las bandas de protección es inconstitucional.

Los letrados señalaron que el ministerio podría estar incurriend en un delito por permitir que las obras se estén realizando "a marchas forzadas" y siguiendo el proyecto original, a pesar de que la Audiencia Nacional elevó este mes a definitiva la sentencia que prohibía el llenado del embalse.

Según María José Beaumont, si el ministerio no rectifica su actitud, los abogados de la Coordinadora no descartan denunciar ante el Tribunal Supremo a Isabel Tocino y a Benigno Blanco, secretario de Estado de Aguas, ya que insinuaron que el objetivo de las obras podría ser l construcción de una central hidroeléctrica que sólo benefeciaría a los intereses particulares de una compañía eléctrica, a cuyo sector estuvo ligado Benigno Blanco antes de acceder a la Secretaría de Estado.

Para Beaumont, la aceleración de las obras supone una provocación por parte del poder Ejecutivo al Legislativo, al tiempo que un despilfarro económico, ya que aseguró que las administraciones públicas han gastado 15.000 millones de pesetas en las obras del pantano.