Pese a ello, el abogado de este colectivo, José Luís Beaumont, no quiso entrar a valorar más allá el texto judical hasta conocer el fondo el mismo.

El contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha señalado que el proyecto de obra no cuenta con cobertura legal ni está suficientemente justificado, por lo que estima el recurso interpuesto en 1991 por la mencionada coordinadora y varios ayuntamientos de la zona.

Tras conocerse la sentencia, Beaumont señaló que las obras, que se iniciaron en 1993 y por el momento han costado unos 7.000 millones de pesetas, deben paralizarse de inmediato. Sin embargo, ete colectivo no ha decidido todavía si demandará a los tribunales una suspensión.

En este sentido, el abogado de la coordinadora recordó que no existen precedentes judiciales de una petición semejante en una obra ya iniciada, ni siquiera un fallo judicial contrario a un proyecto cuando éste se encuentra en ejecución.