ITOIZ. LA COORDINADORA DE ITOIZ ANUNCIA ACCIONES PENALES CONTRA BORRELL SI NO PARALIZA LAS OBRAS

- Le acusarían de malversación de caudales públicos

- Los abogados de la coordinadora aseguran que la fianza de 24.000 millones que exige la Audiencia para paralizar las obras es "un escándalo sin precedentes"

MADRID
SERVIMEDIA

María José Beaumont, abogada de la Coordinadora de Itoiz, anunció hoy en Madrid que recurrirán el auto dictado pr la Audiencia Nacional que solicita una fianza superior a los 24.000 millones de pesetas para paralizar las obras del pantano de Itoiz (Navarra).

Beaumont anunció que si el ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, José Borrell, no suspende las obras, emprenderán acciones penales contra él por malversación de caudales públicos, ya que a pesar de la fianza multimillonaria que establece como condición para suspender las obras, el auto de la Audiencia Nacional considera pertinente paraliar la construcción del embalse.

Además, la Audiencia, consciente de que la fianza fijada resulta inasequible para cualquier ciudadano, advierte a la Adiministración pública que si decide continuar las obras lo hará "bajo su exclusiva y estricta reponsabiliidad" y a sabiendas de que por sentencia "se ha declarado ilegal esa obra", ya que el proyecto de construcción de la presa de Itoiz fue anulado por la propia Audiencia Nacional en septiembre del año pasado.

Sin embargo, esa sentencia fue recurria ante el Tribunal Supremo por el MOPTMA, que decidió continuar las obras hasta que emita sentencia firma el Supremo, algo que podría dilatarse durante los próximos cuatro o cinco años, tiempo en el que quedaría concluido el embalse.

La fianza de 24.000 millones que ahora establece la Audiencia Nacional como condición para atender la solicitud de paralización temporal de las obras formulada por la Coordinadora de Itoiz se basa en la valoración económica que el abogado del Estado hizo del perjuicio quela suspensión acarrearía si finalmente el Supremo rectificara a la Audiencia Nacional y emitiera sentencia a favor del proyecto, a pesar de que las obras fueron adjudicadas en 16.000 millones de pesetas.

Por su parte, María José Beaumont destacó el daño irreversible que provocará el pantano si se construye y que no podrá ser reparado si el Supremo da la razón a la coordinadora.

Además, Beaumont señaló que la doctrina del Tribunal de Luxemburgo y del Supremo ampara la paralización de las obras sinnecesidad de depositar aval alguno, por lo que calificó el auto de la Audiencia Nacional de "escándalo sin precedentes" y aseguró que pasará a la "página negra" de la historia de la Justicia.

TRIBUNAL DE DERECHOS HUMANOS

Por este motivo, además del recurso que la Coordinadora de Itoiz interpondrá contra algunos de los contenidos del auto que fija la fianza, acudirá al Tribunal de Luxemburgo y al Tribunal Internacional de Derechos Humanos, por entender que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva,ya que la imposición de un aval multimillonario impide cumplir con la legalidad marcada a través de una sentencia.

Esta posición contó con el apoyo de las organizaciones ecologistas. Juan López de Uralde, portavoz de Greenpeace, hizo un llamamiento a José Borrell y la secretaria de Estado de Medio Ambiente, Cristina Narbona, para que respeten el precepto constitucional que otorga a todos los ciudadanos el derecho a disfrutar y defender el medio ambiente y les pidió que ordenen la paralización de las oras.

Por su parte, Theo Oberhuber, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (Coda), destacó los aspectos positivos del auto de la Audiencia Nacional, ya que insiste en que incluso en el supuesto de que la Administración no detenga las obras, sólo podrán continuar hasta que la presa alcance una altura de 29 metros, cuando el proyecto original contemplaba una altura de presa de 135 metros.

Según María José Beaumont, esta obligación reduce de 518 a 12,80 hectómetrs cúbicos la capacidad de almacenamiento del embalse, volumen que resultaría insuficiente para cubrir los objetivos atribuidos inicialmente al pantano de Itoiz.

La sentencia de la Audiencia Nacional justifica esta reducción de dimensiones señalando que de otra forma el pantano afectaría a un espacio protegido, la reserva natural de la Poche de Chinchurrenea, vulnerando así la legislación navarra.

La abogada de la Coordinadora de Itoiz manifestó que incluso reduciendo la altura de la presa a las dmensiones que marca la sentencia el embalse impactaría en otra reserva natural, la de Gaztelu, por lo que en el recurso pedirán que la capacidad de embalse se reduzca hasta 9 hectómetros cúbicos y la altura de la presa a 25,8 metros.

(SERVIMEDIA)
26 Ene 1996
GJA