El pleno del ayuntamiento ha aprobado una resolución en la que expresa su oposición al embalse por el impacto social y medioambiental que tendría, y pone en duda su rentabilidad económica y que cumpla la legalidad.

Asimismo, este municipio rechaza la postura adoptada por otros afectados, como los de Aoiz y Oroz-Betelu, que tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la legalidad del cambio normativo que acometió e Gobierno de Navarra y que permitió eliminar las trabas jurídicas que imponía el Supremo al llenado del embalse, han decidido negociar compensaciones.

La resolución que aprobó el Ayuntamiento de Lónguida indica que "no hay compensaciones posibles ante la amenaza de la desaparición de una parte importante del valle ni ante la continua e inminente amenaza de catástrofe que supondría su llenado".

Asimismo, señala que "los promotores del proyecto se vieron obligados a ocultar ciertos documentos que aertaban tanto del peligro de corrimiento de la ladera izquierda del embalse que acarrearía consecuencias dramáticas para los pueblos situados aguas abajo, donde se encuentran varios de este Valle de Lónguida, así como otro informe que recomienda variar el eje de la presa y que fuese de materiales sueltos, haciendo caso omiso a ambos entre otros".