Fuentes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que emitió la sentencia que anula el proyecto de construcción de la presa, confirmaron a Servimedia que "en todos los supuesto en que se piden ejecuciones provisionales de sentencia, como en el que nos ocupa, es necesario depositar la fianza que fije el tribunal".

De esta forma, se da la razn a la secretaria de Estado de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que el pasado viernes advirtió que la paralización de las obras debería ir acompañada de una fianza.

Sin embargo, Narbona habló de una fianza millonaria que podría superar los 7.000 millones de pesetas, que es la valoración económica que la secretaria de Estado hizo de los perjuicios que la paralización puede acarrear a las administraciones y las constructoras, pero la cantidad la fijará de forma discrecional el tribunal, integrado por tes magistrados.

Por su parte, el abogado de la Coordinadora de Itoiz, José Luis Beaumont, declaró hoy a Servimedia que diversas sentencias del Tribunal Supremo apoyan la suspensión, sin ningún tipo de fianza, de un acto administrativo que ha sido anulado por una sentencia en primera instancia.

Por ello, los abogados de la Coordinadora de Itoiz están esperando a que se les comunique que el MOPTMA, a través del abogado del Estado, ha presentado un recurso contra la sentencia de la Audiencia Naciona ante el Supremo para solicitar la paralización de las obras.

En 1991 la coordinadora ya pidió la suspensión de las obras a la Audiencia Nacional, que entonces denegó la solicitud. Para Beaumont, la situación actual es muy distinta, puesto que "no estamos pidiendo que se suspenda la ejecución de las obras, sino que se ejecute provisionalmente una sentencia que nos ha dado la razón".

"Estamos defendiendo el Estado de derecho y el acatamiento a las decisiones judiciales", argumentó. "Nadie nos pued pedir una fianza, más si tenemos en cuenta que existen docenas de sentencias del Supremo que se pronuncian en este sentido".

José Luis Beaumont se mostró esperanzado en que antes de que finalice el año la Audiencia Nacional haya ordenado la paralización de las obras.