El Supremo estipuló que el nivel del agua nunca podrá afectar a las bandas de protección de las tres reservas naturals que existen en la zona, por lo que los 418 hectómetros cúbicos previstos de capacidad en el proyecto inicial se reducirían a un máximo de 9,8 en cumplimiento de la sentencia.

El último auto de la Audiencia Nacional, con fecha 7 de enero de este mes, recuerda a las Administraciones Púbicas que en vista de esta situación jurídica "bien puede decirse que lo que se está erigiendo al día de la fecha no es tanto una obra de embalse como un formidable y carísimo muro de hormigón en forma de presa de gravedd".

En relación al elevado coste de la obra y su dudosa utilidad, añade el auto que esta "actividad constructiva se está ejecutando bajo esas advertencias con el consiguiente riesgo por parte de las administraciones promotoras de asumir un gasto que podría devenir inútil si al final la obra debe redimensionarse".

PARALIZACION

Sin embargo, la Audiencia no acepta la petición de la Coordinadora de Itoiz de paralización de las obras, aunque subraya que una vez que esté levantado el dique, que está l 90 por ciento de su construcción, no se podrá iniciar ninguna nueva obra destinada a aumentar la capacidad máxima de embalse que marca la sentencia del Supremo.

La Audiencia Nacional señala que esta situación se mantendrá mientras el Tribunal Constitucional decida si la Ley Foral 9/96, que eliminó las bandas de protección de las reservas naturales, de tal forma que no resultaran afectadas por el pantano, se ajusta a los preceptos constitucionales.

Sólo en el supuesto de que el Alto Tribunal dice que esa ley es constitucional, algo que la propia Audiencia Nacional ha puesto en duda al plantear la cuestión de inconstitucionalidad de la norma, sería posible el redimensionamiento del emblase.

La Coordinadora de Itoiz valoró positivamente el último auto de la Audiencia Nacional, puesto que este tribunal anuncia que en lo sucesivo controlará el desarrollo de las obras, ya que las Administraciones Públicas deberán informarle mensualmente sobre su estado actual y evolución, así como de cualquier nuva actuación que emprendan.

Por el contrario, la coordinadora mostró su desacuerdo ante la decisión del tribunal de no decretar la paralización cautelar de las obras del dique, y entiende que esto demuestra que la "Administración de Justicia no parece resultar efectiva a la hora de parar los pies en el momento oportuno y de plano a la Administración".