Así lo indicó en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia en la que aseguró que hay comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía o Canarias que han comenzado a abordar una regulación.

Rodríguez afirmó que deben ser “más ágiles” para abordar “estas emergencias” aunque “siempre respetando la competencia autonómica” y reivindicó “priorizar” el derecho de acceso a la vivienda frente a la actividad económica. La ministra cifró en 340.000 los apartamentos turísticos legales contabilizados y lamentó que la cifra es muy superior a las 184.000 viviendas en alquiler asequible que ha prometido el Gobierno poner a disposición.

Además, indicó que esto repercute en el planteamiento de las ciudades ya que la ministra rechaza que el centro de Madrid sea “un parque temático” y que, en cambio, siga habiendo “vecinos que reivindican la ciudad, atienden su limpieza y se preocupan de su barrio”. Reivindicó que el Estado “va a apurar todos los márgenes” para regular la casuística con el trabajo que se está llevando a cabo con el Ministerio de Industria y Turismo y teniendo en cuenta el último reglamento europeo sobre la cuestión.

No obstante, subrayó que hay que regular los apartamentos turísticos “atendiendo” a la “diversidad” y “casi con bisturí” porque hay comunidades autónomas como Castilla-La Mancha donde estas viviendas son “una oportunidad para los entornos rurales de dinamismo económico y social y de fijación de población”.

REUNIÓN CON EL SECTOR

La ministra de Vivienda estará presente en la reunión en que mantiene hoy en Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el sector inmobiliario. Rodríguez reivindicó una “alianza de país” por uno de los “principales problemas” de los españoles, que para sigue siendo un “drama”. En este sentido, indicó que ha tenido la sensación en estos primeros meses que los distintos actores del sector “coinciden con el Gobierno en la necesidad de dar una respuesta a este problema”.

La ministra reconoció que es un problema “complejo” cuyas soluciones “no son sencillas” y el Gobierno “no va a poder solventarlo ni tan siquiera conjugando a todas las administraciones” porque necesitan al “sector privado” y el “interés de la banca”.

En este sentido, reivindicó los 4.000 millones de la línea de crédito que se van a poner a disposición de los promotores públicos y privados para construir vivienda asequible y tratar de compensar un parque público que representa un 2,5% del total, muy por debajo del 9% de media europea. La ministra cifró en 1,5 millones de viviendas el déficit de vivienda pública y lamentó que durante la democracia se construyeron 2,5 millones de viviendas protegidas que acabaron retornando al mercado libre.

Teniendo en cuenta que la Ley de Vivienda prohíbe que esto vuelva a ocurrir, al establecer una protección permanente de la vivienda protegida, la ministra pidió a los promotores privados participar en el aumento de la oferta en alquiler asequible. Subrayó que “hay negocio” pero las rentabilidades son “ajustadas”, en torno al %. “Yo confío en que el empresariado español, porque además así me lo han trasladado”, van a participar también de estas políticas”, dijo.

Asimismo, indicó que “a lo largo del mes de mayo” estarán disponibles en las entidades financieras los avales ICO puestos a disposición por el Gobierno para favorecer el acceso a la compra de la primera vivienda a jóvenes y familias con menores a cargo. Rodríguez aseguró que los bancos “se quieren sumar” y “mejorar sus productos hipotecarios” y lamentó que estos avales hayan tardado en estar disponibles pues “la administración en ocasiones es mucho más lenta de lo que nos de lo que nos gustaría”.

También apuntó que la próxima semana el grupo de trabajo formado para regular los alquileres temporales se reunirá para traer las “primeras conclusiones”. Según la ministra, los contratos de alquiler residencial ahora “se nos escapan” hacia el alquiler de temporada por lo que los van a “perseguir” junto a los turísticos.