Iruin hizo esta afirmación en una rueda de prensa, en la que explicó su intervención en los contactos mantenidos entre los empresarios vascos y la organización terrorista ETA.

El juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren remitió ayer al Tribunal Supremo un auto de deducción de testimonio contra e senador Iruin, por su presunta participación en la red de cobro del "impuesto revolucionario" de ETA, ya que no puede ser procesado directamente por la Audiencia Nacional, por su calidad de aforado, al ser miembro de la Cámara Alta.

Iñigo Iruin señaló que los empresarios Irastorza e Irigoein querían resolver con ETA la petición del pago del "impuesto revolucionario", que consideraban un error.

El 24 de mayo de 1990, relató el senador de HB, acudieron a su despacho los dos empresarios para pedirl que mediara ante ETA, ya que habían recibido sendas cartas solicitándoles el "impuesto revolucionario". Iruin afirmó que en un principio se negó a acceder a la petición, pero finalmente acepto "realizar alguna gestión".

Los dos empresarios volvieron al despacho del abogado, según Iruin, e insistieron en que les ayudara, "porque la situación les era insoportable".

El senador de HB señaló que entonces se puso en contacto "con una persona que no es de ETA", quien le dijo que los empresarios chantajados acudieran al alto de Perurena, en Oyarzun, el 26 de septiembre de 1990. "Yo les transmití la información y ahí termina mi intervención", dijo.

El abogado señaló también que los dos empresarios, a los que en una ocasión se refirió como extorsionados, "volvieron a mi despacho para agradecerme el favor que les había hecho".

Iruin, que no quiso hacer valoraciones políticas, a pesar de la rapidez con que se ha dado a conocer el auto en el que se le implica, aseguró que considera nula la posibilidd jurídica de que las diligencias prosperen.

Por su parte, el ex miembro de la Mesa Nacional de HB Txema Montero, presente en la rueda de prensa, señaló que se encargará de la defensa de Iruin.