Dicha fórmula propone actualizar a lo largo de un período de 10 años, a razón de un 10% por cada ejercicio, la subida del valor catastral de las viviendas, a fin de evitar brusquedades en el incremento de la presión fiscal. Además, transcurridos esos 10 años, se procederá a la revisión del sistema catastral.

El PP introdujo una enmienda transaccional para que la adopción delnuevo sistema de revisión catastral sea adoptado en la próxima revisión fiscal del IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio, que se abordará el año que viene, para que entre en vigor en 1999.

Asimismo, la Comisión de Economía rechazó una propuesta del PSOE por la que el valor catastral subiría lo mismo que el IPC cada año, en relación con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En este caso, los ayuntamientos aplicarían una rebaja en el IBI para no incrementar la presión fiscal.

Fuentes del PP expliaron a Servimedia que el sistema de revisión ya aprobado es más neutro que el que querían implantar los socialistas y no está sujeto a la discrecionalidad de los ayuntamientos. Además, tiene la ventaja de que afecta por igual a todos los contribuyentes, al margen de su situación económica.

ESTUDIO SOBRE LOS CREDITOS

Por otra parte, la Comisión de Economía aprobó por unanimidad sendas proposiciones no de ley presentadas por el PP y CiU, por las que se solicita al Gobierno la realización de un estudiosobre la traslación de la rebaja de los tipos de interés a los créditos por parte de las entidades financieras.

El informe debe contener la evolución de los tipos de interés aplicados a los créditos de consumo, a los descubiertos en cuentas corrientes, a los excedidos en cuentas de crédito, a las tarjetas electrónicas y a los "monederos electrónicos".

A instancias del PP, se pedirá un análisis del tipo de interés legal del dinero y del tipo de interés de demora, para que se adapten a la nueva sitación del coste del dinero en nuestra economía.

Fuentes de CiU explicaron que, en caso de que se descubra que las entidades financieras no trasladan con suficiente rapidez a sus clientes la bajada de tipos, el Gobierno debería tomar medidas para que esto no suceda.

Asimismo, se reclama la redacción de un informe sobre el nivel de competencia existente en el sistema financiero después de las medidas de desregulación del sector que se han adoptado.