AI ve con preocupación que la opinión de un alto cargo policial sea considerada por sí sola suficiente para acusar a una persona de pertenencia a organización prohibida, o permitir a los tribunales extraer conclusiones negativas cuando un sospechoso no contste a las preguntas de los jueces.

A juicio de AI, esto concula el derecho fundamental a guardar silencio, el derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario y el derecho a no se obligado a declarar contra uno mismo.

"Estas dos propuestas representan un desplazamiento inaceptable de la carga de la prueba de la acusación al acusado y es probable que propicien los errores judiciales", asegura.

Además, expresan su "inquiertud" por los informes según los cuales el Gobiernopropone ampliar el plazo en que una persona puede permanecer detenida sin ser acusada de un delito, así como que no se permita a una persona detenida por "delitos contra el Estado" el acceso a un abogado.

AI recuerda que el derecho de toda persona a que se le comunique de inmediato los delitos de los que es acusada, así como el derecho afin a comparecer sin demora ante un juez, están destinados a prevenir los malos tratos, la detención arbitraria y la reclusión prolongada sin juicio.