Lo hizo en una entrevista en TVE recogida por Servimedia. "El Partido Socialista nos acaba de comunicar que no quiere un acuerdo e irá con sus enmiendas vivas" a la tramitación de la norma", reveló, alertando de que el PSOE y el PP pueden sumar sus votos para "intentar imponer un recorte de derechos", en particular a los menores trans.

Montero, que afirmó que "la posición del Gobierno" es la recogida en la ley, aludiendo a que así salió del Consejo de Ministros aunque los socialistas ahora pretendan modificar el texto, se declaró "preocupada" y reconoció que ambos socios de gobierno están "en un momento difícil de la tramitación".

No obstante, dejó caer que "tenemos unas horas por delante para tratar de reconducir la situación". "Estamos a tiempo de intentarlo y voy a intentar que así ocurra", añadió al final, tras insistir en que en su opinión, "el Estado tiene una deuda pendiente con las personas trans".

Después de un fuerte debate interno sobre si discutir o no el derecho a la autodeterminación de género, el pasado 31 de octubre el PSOE presentó sus enmiendas a la ley promovida por Igualdad, sin poner en duda aquélla en general pero sí en lo que respecta a los adolescentes de más de 12 años y menos de 16.

POR EDADES

El texto que salió del Consejo de Ministros el pasado mes de junio establecía que los menores de entre 16 y 18 años podrán acudir al Registro Civil a cambiar libremente su nombre y sexo; un trámite para el que requerirán de la autorización de sus progenitores quienes tengan entre 14 y 16 años, mientras que para quienes tienen entre 12 y 14 años se requerirá un expediente de jurisdicción voluntaria. Por debajo de los 12 años, únicamente se podrá cambiar el nombre en el DNI.

Sin embargo, los socialistas plantean que “toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo”. El matiz lo incluyen para los menores de esa edad y mayores de 12, quienes “podrán solicitar la autorización judicial para la modificación registral del sexo”; esta enmienda del PSOE representa una enmienda a la totalidad al compromiso que adquirió en su momento de enmendar la ley, pero sin tocar la cuestión de la autodeterminación de género.

De hecho, la autodeterminación de género fue una cuestión que en su día acordaron Irene Montero y la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y que no se modificó en la ley, ni en su aprobación en primera ni en segunda vuelta en el Consejo de Ministros.

Sin embargo, las presiones del llamado feminismo clásico y de algunas históricas socialistas pertenecientes a esta corriente de pensamiento, encabezadas por la propia Calvo, a la sazón presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados -órgano que tramitará el texto- parecen haber sido el desencadenante de este cambio de postura en el PSOE.

En el caso de las personas con discapacidad, podrán solicitar el cambio de sexo “con las medidas de apoyo que en su caso precisen”. El PSOE también pretende que la norma sea más dura en lo concerniente a la reversibilidad, un aspecto en el que buscan que, en caso de un segundo cambio de sexo, se requiera “aprobación judicial”.

VIOLENCIAS

Los socialistas, por otra parte, siempre han mostrado reticencias a equiparar la violencia intragénero con la violencia machista. Finalmente, han resuelto la discusión introduciendo en sus enmiendas el término “violencia en el ámbito familiar”.

Además, el PSOE incorpora una serie de enmiendas en el ámbito rural, entre las que destaca la concerniente al “sexilio”, un concepto que se refiere al “abandono de las personas lgtbi de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia”.

Con el fin de determinar el número exacto de personas que migran por cuestión de su orientación sexual, los socialistas ven necesario crear, en el plazo de un año, el Consejo de Participación de las Personas Lgtbi para recabar estos datos. En función de la información obtenida, se contemplará el “sexilio” como causa de despoblación en el marco de las políticas contra este fenómeno auspiciadas por el Gobierno.

Por otro lado, el PSOE contempla una serie de enmiendas que buscan la protección de las personas mayores Lgtbi, obligan a las empresas de más de 50 personas a contar con un plan de igualdad y un protocolo de actuación en casos de acoso o violencia y contemplan la promoción de la integración sociolaboral de las personas trans, especialmente de las mujeres trans.

Otras proponen medidas para evitar situaciones de sinhogarismo entre personas del colectivo Lgtbi, ofrecen recursos sociolaborales y de atención psicológica para las mujeres trans en situación de prostitución, instan a contar con protocolos de atención ginecológica para mujeres lesbianas y bisexuales, prevén mecanismos para evitar la discriminación en procesos de adopción o acogimiento familiar, promueven el asociacionismo juvenil como herramienta de inclusión, incentivan el turismo inclusivo y Lgtbi y facilitan la creación de programas de información en el ámbito educativo.