El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, explicó en una rueda de prensa que el envío de un nuevo contingente no puede aprobarse en el Consejo de Ministros sin un debate previo en el Parlamento.

Consideran necesario que el presidente del Gobierno exponga ante la Cámara los objetivos de esa misión, los medios con los que contarán los militares españoles para realizarla y los riesgos que correrán.

Recuerdan, en este sentido, quese trata de una zona "caliente", con gran parte de la población "hostil" hacia las fuerzas extanjeras. Consideran además que España no puede ser fuerza de ocupación en Iraq, y mucho menos, como apuntan algunas informaciones, para proteger oleoductos, una tarea que no es de reconstrucción del país ni humanitaria.

En esa misma sesión plenaria, según el PSOE, Aznar debería dar explicaciones de sus afirmaciones sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Iraq para justificar la guerra en ese paí.

También quieren que se debata en esa sesión una proposición no de ley para que el Congreso condene "enérgicamente" la acción que provocó la muerte en Iraq del periodista español José Couso y para que se exija la correpondiente investigación sobre lo ocurrido.

YAKOLEV

Los socialistas quieren además que la Diputación Permanente convoque una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa para que el ministro, Federico Trillo-Figueroa, ofrezca la información comprometida sobre la investigación dl accidente del Yakolev-42, en el que murieron 62 militares españoles.

Asimismo, solicitan una reunión de la Comisión de Infraestructuras para que el ministro de Fomento, Francisco Alvarez-Cascos, informe de la marcha de las obras del AVE Madrid-Barcelona.

Caldera recordó que el presupuesto inicial era de 6.000 millones de euros, pero las informaciones apuntan a un sobrecoste del 40%, muy superior al "lógico" en una infraestructura de esta envergadura y, por ejemplo, al 9% de desvío que tuvo el ten de alta velocidad a Sevilla.

Los socialistas juzgan "inexplicable" ese sobrecoste, que cifran en unos 250.000 millones de pesetas, dinero suficente, apuntan, para poner en marcha un plan de seguridad en toda la red convencional con el que se podían haber evitado los últimos accidentes.

Finalmente, solicitan una sesión de la Comisión de Interior y Justicia para que el fiscal general del Estado, Jesús Caldera, explique los motivos por los que está "impidiendo" una investigación sobre "la trama" e la Comunidad de Madrid.