En la Junta de Portavoces, convocada esta mañana de urgencia, la oposición planteó que la comparecencia de Aznar no se celebre con arreglo al modelo contemplado en el artículo 203 del Reglamento, que regula las sesiones informativas, en las que el tiempo para la oposición es muy limitado y no existe ni comunicación previa ni votación de esolución alguna.

Los portavoces del PSOE, Jesús Caldera, y de IU, Felipe Alcaraz, consideraron que la ausencia de una votación parlamentaria sobre la posible declaración de guerra a Iraq, sitúa al Gobierno fuera de la legalidad y en contra de lo que establece la Constitución.

Caldera lamentó que el Gobierno no quiera comparecer en el Congreso para explicar en detalle su postura y argumentó que, en previsión de que eso ocurriera, los grupos de la oposición han presentado esta iniciativa conjunta ue podrá ser votada en el pleno de la próxima semana, "quizá cuando ya se haya desencadenado la guerra".

Por su parte, Alcaraz insistió en que de no producirse una votación parlamentaria "estaremos fuera de la ley tanto a nivel nacional como internacional, entrando en una especie de golpismo". Según dijo, al Gobierno parece que le "sobra la OTAN, por descontado, sobra la ONU" y ni siquiera en el Parlamento español se votará la participación en una guerra como dictamina la Constitución.

El portavo de IU vaticinó que nos encontramos ante la "globalización del terrorismo de Estado" que consolida la guerra como instrumento para gobernar el mundo en función de intereses determinados.

Ante este "escándalo", continuó, al presidente del Gobierno "sólo le queda dimitir, convocar elecciones anticipadas y acelerar un proceso en el que no responde ante nadie: ni ante el Parlamento, ni ante la calle, ni los ciudadanos. Sólo ante Dios y la Historia".

La proposición no de ley presentada por la oposició pide al Ejecutivo que "previamente a la adopción de cualquier compromiso relativo a la participación de España en las operaciones militares que se lleven a cabo contra Iraq o en apoyo de estas, remita una comunicación para su debate en la Cámara que contenga las razones y objetivos de la misión, el grado de participación española y la previsión de los créditos presupuestarios necesarios para su financiación".

Establece que el Congreso debata dicha comunicación y las propuestas de resolución subsiguietes en la primera sesión plenaria que se celebre y, en todo caso, antes de siete días desde su recepción".

De igual modo, insta al Gobierno a "mantener informada a la Cámara de la evolución, cambios de mandato, reducción o aumento de la contribución española, así como a remitir un informe de evaluación de la misión a su finalización".

Según dijo Caldera en rueda de prensa, el juicio de la "inmensa mayoría de los constitucionalistas" es que de no celebrarse dicho debate en las Cortes, "estaríamos l margen de la Constitución".