Según la denuncia presentada, el ataque no ha sido promovido ni impulsado por la organización de las Naciones Unidas y la participación de fuerzas españolas no ha sido acordada por el Parlamento.

Además, Mendiluce sostiene "que no se ha declarado la guerr de acuerdo a los mecanismos constitucionales españoles" y que el ataque abre el peligro de que se produzca "una respuesta armada, tanto sobre el territorio de España como sobre sus delegaciones diplomáticas y el conjunto de sus ciudadanos".

A juicio del candidato verde, la decisión de Aznar de implicar a España en una guerra contra Iraq es un delito tipificado en los artículos 590, 595 y 588 del Código Penal.

Estos artículos prevén penas de cárcel de entre 4 y 15 años para aquellos que, sin esta debidamente autorizados, provocasen una declaración de guerra contra España o levantasen tropas en España para el servicio de una potencia extranjera, así como para aquellos miembros del Gobierno que sin cumplir con lo dispuesto en la Constitución declararan la guerra o firmaran la paz.

Pese a haber presentado la denuncia en la Audiencia Nacional, este organismo no es competente para actuar contra un presidente o un ministro de la nación, puesto que al ser aforados sólo pueden ser investigados o juzgdos por el Tribunal Supremo.