Los portavoces de la asociación Francsico de Vitoria, Jueces para la Democracia y Asociación Profesional de la Magistratura dijeron a Servimedia que, en teoría, los autores de delitos contra españoles deben ser juzgados en el lugar donde ocurrieron los hechos, aunque existen excepciones.

En este sentido, Manuel Torres, de la Francisco de Vitoria, opinó que la competencia para juzgar a los presuntos asesinos de los militares espaoles es del sistema judicial de Iraq, y que los tribunales españoles sólo podrían intervenir si los jueces iraquíes no interviniesen o no les fuese posible por algún motivo.

Este portavoz explicó que esto es lo que está sucediendo en la Audiencia Nacional respecto a los casos de la represión durante las dictadura militar Argentina, en el que los jueces españoles están investigando los delitos contra españoles al no hacerlo las autoridades locales al existir la llamada "ley de punto y final".

Por u parte, Miguel Carmona, de Jueces para la Democracia, estimó que "la jurisdicción iraquí sería la procedente si se aplicara la norma jurídica", aunque precisó que no se sabe lo que puede pasar, ya que la situación de este país de Oriente Medio es excepcional.

Añadió que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la "jurisdicción preferente" en este caso sería la iraquí, y que la competencia universal que tiene España para perseguir delitos de terrorismo sólo podría aplicarse en este caso si losasesinos hubiesen sido detenidos en otro país distinto de Iraq.

Por su parte, José Manuel Suárez, de la APM, destacó el hecho de que el crimen ni siquiera se produjo en la base militar española en territorio iraquí, sino en una carretera, por lo que sería de competencia de las autoridades de Iraq.

No obstante, respecto a una eventual extradición, Suárez dijo que habría que saber si existe algún convenio de extradición entre España e Iraq, aunque fuese anterior al conflicto bélico reciente, y si éte contempla la posible entrega de ciudadanos iraquíes a otros estados.