Esta comisión tenía previsto estudiar si abría un expediente al juez Garzón por el artículo que publicó en "El País" el pasado 4 de marzo, bajo el título "Señor presidente", en el que desglosaba una serie de críticas a la actuación del jefe del Gobierno, José María znar, en el conflicto bélico contra Iraq.

Sin embargo, la comisión ha encontrado sobre su mesa una segunda denuncia contra el citado magistrado, por leer, junto a su hija, un manifiesto contra la guerra de Iraq en un acto celebrado en la Puerta de Alcalá. En esta ocasión, el juez afirmó, entre otras cosas, que "el rumbo lo marca el pueblo, que ha dictado sentencia mayoritaria condenatoria para todos los que han participado" en el conflicto.

Enrique López explicó que aunque se trata de dos actos dstintos, lo cierto es que ambos afectan a un mismo asunto: los límites del derecho a la libertad de expresión de los jueces.

Asimismo, añadió que la acumulación se debe también a razones de "eficacia", dado que lo que se decidiese con respecto a la primera denuncia tendría "una innegable consecuencia en la segunda".

El Servicio de Inspección del CGPJ deberá ahora recabar información sobre el acto de la Puerta de Alcalá y comunicar a la Comisión Disciplinaria si considera necesario abrir un expedinte disciplinario contra Garzón.

El jefe de la Inspección del CGPJ, Fernando Ruiz Piñero, ya propuso la apertura de expediente disciplinario como consecuencia de la denuncia presentada contra Garzón por la organización "Manos Limpias", en relación al artículo publicado en "El País".

Se da la circunstancia de que dos de los miembros de la citada comisión, Enrique López, portavoz del CGPJ, y Carlos Ríos, firmaron un manifiesto progubernamental que se publicó el pasado 9 de abril en varios diarios ncionales, en una página sufragada por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales.

El citado manifiesto afirmaba que no toda guerra es inmoral o ilegítima, insistía en que el régimen iraquí supone una amenaza para el conjunto de la comunidad internacional y añadía que "el hecho de que una gran parte de la opinión pública, al día de hoy, no coincida con la posición del Gobierno, no quiere decir que ésta sea antidemocrática".