Se da la circunstancia que la propia Fiscalía ha presentado este febrero un recurso de reforma contra este auto de la juez al concluir que “no hay constancia de daño o riesgo grave al medio ambiente” porque no hay ningún dato de inmisión en medio marino ni datos periféricos que lo pudieran hacer sospechar. También, en su escrito, apuntó que no existe ningún tipo de caracterización de los alegados vertidos al canal de refrigeración/agua de mar, por lo que cualquier dato sobre contenido o cuantificación son “simples hipótesis”. Es por ello por lo que la Fiscalía pidió a la juez reabrir la instrucción para aclarar datos, ya que no tiene constancia de indicios que puedan sustentar la causa abierta.

Por su parte, desde Iqoxe afirman que no ha sido sancionada por supuestos vertidos ilegales al mar y recuerdan que, de haberse producido cualquier eventual vertido, los sistemas de seguridad pertinentes lo habrían alertado y se habría podido identificar el origen de este.

Del mismo modo, la propia Agencia Catalana del Agua, dependiente de la Generalitat, afirmó en noviembre de 2023 que no hay constancia de que Iqoxe realizara vertidos que desembocaran en el mar. En una comparecencia en sede parlamentaria, la gerente de este organismo público aseguró que no se había podido detectar ni probar, en base a sus continuados análisis, que la petroquímica utilizara productos para enmascarar vertidos contaminantes que iban al mar.

El conjunto del polígono petroquímico de Tarragona está sometido a un control de los vertidos al mar. A través de un sistema de controles, la ACA tiene información continua sobre la composición de las aguas vertidas y puede determinar el origen del vertido en todo momento.