Además, aprecian que lo hizo sin haber dado respuesta a las alegaciones que formuló la empresa ante dichas sanciones, que contenían una “amplia” argumentación jurídica y técnica “rebatiendo una por una” las imputaciones del procedimiento sancionador.

En el escrito de la demanda, cursado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), se recoge la cronología desde que se anuncian las multas, se presentan alegaciones sin respuesta, se suspende el expediente sancionador y hasta que Iqoxe presenta un recurso de alzada el 21 de julio de 2023, que tampoco obtiene respuesta, con otro posterior recurso al contencioso-administrativo, según expone.

“La Administración de forma intencionada y extemporánea abrió expediente sancionador tres años después de acaecidos los hechos, proclamando graves incumplimientos, con toda la intención ex ante de suspenderlo a continuación sin instrucción contradictoria, impidiendo así a Iqoxe cualquier defensa de derecho, con el subterfugio de la prejudicialidad penal que conocía perfectamente de antemano”, consta en el recurso consultado.

La Generalitat comunicó el 26 de abril de 2023 a Iqoxe un expediente sancionador por la presunta comisión de cuatro infracciones, tipificadas de muy graves, relacionados con la seguridad industrial por valor total de 2,1 millones de euros.

Desde la compañía indican que que, no obstante, cuando ocurrió el accidente en la planta de La Canonja, la propia Generalitat, a través de representantes de la Conselleria de Empresa, manifestó que no constaban sanciones a la compañía y, en julio de 2021, presentó otro informe donde afirmaba que la petroquímica dispuso en todo momento de los documentos en materia de seguridad industrial necesarios, habiéndose recibido el visto bueno para cada uno de ellos por parte de la Administración competente. En noviembre de 2020 comparecieron en el Parlament funcionarios de la Generalitat donde confirmaron que la industria lo tenía todo en regla, añade la empresa.

Por este motivo, la defensa, liderada por el letrado Emilio Zegrí, ha presentado esta demanda solicitando primero el archivo del expediente sancionador, motivado por la desviación de poder y la indefensión que considera ha supuesto para Iqoxe, y subsidiariamente, que se declare nulo el acuerdo de junio de 2023 por el que la Generalitat suspendía el expediente sancionador para que así se puedan tener en cuenta todas las alegaciones en ese momento.

“Es difícilmente evitable llegar a la conclusión de que la incoación del expediente sancionador se acordó contando con su posterior suspensión, con un ánimo de cobertura jurídica, mediática y política; ello contraviene el interés público a cuya satisfacción debería responder la potestad sancionadora”, reza la demanda.

Asimismo, la compañía ha querido dejar claro que Iqoxe no solicitó suspender el expediente en el momento que presentó alegaciones al respecto, como dijo la Generalitat: “La suspensión se ha resuelto únicamente por voluntad y en interés de la Administración demandada; interés que calificamos de espurio”.

Mediante esta demanda, Iqoxe y los directivos acusados interpelan a poder defenderse, ya que indican que la sanción fue filtrada sin que la compañía pudiera explicarse, afectando a dicha empresa en un orden reputacional y lo que consideran más grave, en el foro penal.

“Se ha prefigurado un juicio de culpabilidad y se ha yugulado cualquier debate; nos han dejado mudos bajo el subterfugio inconsecuente de la prejudicialidad penal más que conocida de antemano”, añaden desde el bufete.