Según ha informado ‘El Nacional.cat’, el Juzgado de Instrucción no ha valorado la carga exculpatoria de estos informes, aunque hubiera sido para desvirtuarlos o concluir que no tienen validez. No obstante, en el auto de la juez –contra el que la empresa ha presentado recurso de apelación--, la defensa considera que ni el informe de PwC sobre producción e inversiones ni los informes técnicos sobre las posibles causas del accidente se han tenido en cuenta.

La pericial realizada por peritos de la auditora recoge que desde 2014 a 2019, coincidiendo con la entrada de los nuevos propietarios en IQA, se invirtieron más de 60 millones de euros en mejorar y modernizar las instalaciones de producción, sustituyendo productos de bajo valor añadido por productos de mayor calidad.

Asimismo, se hace referencia al nivel de producción de la planta accidentada, que se mantuvo constante e incluso disminuyó porque la apuesta fue optar por el valor añadido: la producción se situó en 255.789 toneladas en 2019, frente a las 269.923 toneladas de 2013.

Según fuentes jurídicas, estas cifras tienen especial relevancia frente al relato que dibuja el auto de la juez, que apunta que los directivos la compañía aplicaron una política destinada a minimizar costes de explotación e inversión, a costa de la seguridad, con el fin de aumentar los beneficios.

En el recurso se deja constancia que los acusados tienen derecho a que se valore una prueba fundamental y documentada, puesto que “el relato provisional de hechos” de la juez obvia una información contrastada con documentos públicos e informes anuales auditados. La defensa solicitó que los peritos que han dado su visión en las pruebas periciales aportadas ante la juez ratifiquen sus conclusiones en sede judicial al considerar que su carga exculpatoria no se ha tenido en cuenta y ello vulnera el ejercicio de derecho de defensa.

También han pedido que puedan ratificar sus conclusiones los ingenieros que redactaron el informe del Institut Químic de Sarrià (IQS), que dictaminó que el accidente de la planta no fue previsible y que la materia que se estaba produciendo el día del accidente no era considerada peligrosa ni por los grandes fabricantes ni por la propia Administración.

La titular del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona dictaminó hace pocos días la apertura del juicio oral contra Iqoxe y tres excargos por varios delitos. Los acusados son José Luis Morlanes, CEO coordinador de toda la división química del grupo, sin funciones en la gestión diaria de Iqoxe desde enero de 2018; Juan Manuel Rodríguez Prats, director de Iqoxe, y Gerardo Adrio, responsable de prevención de riesgos laborales y seguridad de la empresa.