Rato insistió en que la respuesta del Gobierno a la desviación del IPC será la adopción de medidas liberalizadoras, mediante iniciativas que incrementen la competencia en el sector de distribución de las gasolinas, entre otros, pero también acelerando la reducción del déficit público.

El ministro señaló que podría haber una revisión de las retribuciones de los funcionarios pr la desviación del IPC, pero para los empleados públicos que efectivamente hayan perdido poder adquisitivo "en los últimos dos o tres años".

Rato puntualizó que habrá que ver "si hay algunos sectores en el conjunto de la función pública que hayan podido perder poder adquisitivo en los últimos dos años o tres años" y recordó que "el año pasado ganaron poder adquisitivo, porque la inflación fue menor de la prevista. En cualquier caso, esa es una cuestión que no está cerrada".

Por contra, recalcó qe está completemente garantizada la revisión de las pensiones, cuyo coste estimó en 10.000 millones de pesetas por décima de desviación. Eso significa un desembolso de alrededor de 75.000 millones de pesetas si el IPC se sitúa en el 2,4% interanual en noviembre, que es el mes tomado como referencia para este colectivo.

Sobre la negociación de la revisión de las pensiones mínimas en el marco del Pacto de Toledo, insistió en que "no hay que confundir pagas electorales con subidas de pensiones" y aseguróque "la utilización electoral de las pensiones me repugna".

Añadió que "el Gobierno está trabajando en la revisión de pensiones más bajas, contributivas y no contributivas, que puedan estar en una situación muy baja, para mejorarlas durante el Presupuesto del año 2000".