La mayoría de analistas privados coinciden en señalar que el IPC creció en agosto un 0,4%, y el Gobierno ya ha reconocido que el nuevo objetivo podría situarse en el 2% ó el 2,1%.

En caso de fijarse en el 2,1%, eso activaría la cláusula de revisión salarial de alrededor de 4 millones de trabajadores, según los cálculos de CCOO, lo que tendría un coste de30.000 millones de pesetas. En el caso de las pensiones, la desviación del IPC en tres décimas costaría alrededor de 21.000 millones de pesetas, según indicaron a esta agencia fuentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Además, los sindicatos de funcionarios piensan plantear al Gobierno que tiene que compensar también a los empleados públicos por la desviación del IPC. El Ejecutivo ha señalado que todavía no ha tomado una decisión al respecto.