Así se recoge en el último Informe sobre la propiedad de las acciones que elabora el servicio de estudios de Bolsas y Mercados Españoles (BME) todos los años y que se ha publicado este martes. El peso de los inversores internacionales en la Bolsa española ha crecido más de diez puntos porcentuales en la última década y 16 puntos en lo que va de siglo.

El segundo grupo con más presencia en la propiedad de las acciones españolas es el de las empresas no financieras, que elevaron en cuatro décimas su participación hasta el 21,3%. Esta cifra supone un máximo desde 2012.

En la otra cara de la moneda, la participación de las familias en la Bolsa española continuó a la baja, "en una progresiva convergencia con los datos de participación directa de inversores minoristas en renta variable en los principales países europeos".

A cierre del año pasado los inversores minoristas controlaban el 16,2% de las acciones españolas, casi un punto porcentual menos que el año pasado y el segundo dato más bajo de la serie histórica. El creciente peso de los fondos de inversión, la ausencia de tramo minorista en las últimas OPV o el auge entre los jóvenes de activos no convencionales son algunas de las razones que explican este descenso.

Asimismo, descendió la participación en la propiedad de las cotizadas en la Bolsa española de las instituciones de inversión colectiva y seguros (bajó en un año del 7% al 5,9%) y de los bancos y cajas de ahorro (del 3,5% al 3,1%).

Por su parte, las administraciones públicas elevaron del 2,7% al 3,2% su peso, dejando así de ser el grupo de inversores con menos presencia por primera vez desde 2006 y marcando máximo en 25 años. No obstante, su participación siguió lejos de los niveles superiores al 16% alcanzados en 1992 y 1993, antes de las sucesivas privatizaciones de empresas públicas.

De la baja participación de la inversión colectiva en el capital de las cotizadas españolas, los autores del informe concluyen que la falta de incentivos, "especialmente fiscales", para que la inversión institucional nacional apoye el tejido empresarial español cotizado supone "un hándicap competitivo" para las empresas de menor tamaño, "precisamente aquellas que encuentran más dificultades para atraer la atención del inversor extranjero".