Según un auto fechado el pasado 24 de febrero al que ha tenido acceso Servimedia, la finalidad de la venta es pagar a UGT el crédito que concedió el sindicato a IGS por importe de 507 millones de pesetas, "en operación autoizada y controlada por los interventores", para mantener su actividad tras las suspensión de pagos, y financiar el reinicio de promociones paralizadas por incovenientes de tramitación de licencias y otros problemas de este tipo.

Las explicaciones de los interventores señalan, según el texto que "en este momento consideramos necesario vender los dos activos que denominamos Orense y Bressel (...). Existe para ello un principio de acuerdo con la Unidad Inmobiliaria de Argentaria en negociaciones directas sin intermediarios", señala el escrito firmado por los tres interventores (Francisco Prada, Enrique Albert y Manuel Ruiz).

El auto precisa que los fondos de estas ventas serán controlados por la intervención judicial "y se aplicarán a la reanudación de la actividad, según orden de preferencias que atenderá a la mayor eficacia temporal. En primer lugar, la terminación de las obras en estado avanzado, y en segundo término, los pagos de licencias o precio de suelo que están impidiendo el inicio de alguns otras promociones sin problemas complementarios".

Con lo que se obtenga de estas ventas, se reintegrará el prestamo de 507 millones. Sin embargo, el mismo no será recuperado por UGT, sino que se ha pactado por la intervención con dicha central sindical el siguiente destino:

-En primer lugar, la compra por UGT de los créditos ostentados en la suspensión de pagos de IGS y PSV por los cooperativistas o compradores de viviendas que habían sido "bajas aceptadas" antes del 28 ó 29 de diciembre de 199", es decir el pago a quienes renunciaron y no han cobrado lo que se les debe.

Los interbventores explican que "se trata de un problema social y humano de graves consecuencias, que requiere una urgente solución, ya que estas familias decidieron darse de baja por diversas causas en las promociones, y su puesto fue cubierto por otros adjudicatarios, recibieron pagarés por el importe de sus aportaciones, y ahora se encuentran sin dinero y sin vivienda adjudicada".

El escrito continúa diciendo que "e segundo lugar, y hasta donde alcance (en referencia a los ingresos que reporten las ventas) se empleará a financiar la compra por UGT del crédito ostentado en la suspension de pagos por el Banco de Crédito Agrícola, del Grupo Argentaria, como condición imprescindible para que la venta proyectada pueda llevarse a cabo".

El auto indica que "el efecto de la venta de ambas fincas sobre el balance de IGS implica una pérdida contable de unos 225 millones de pesetas, al compensarse en parte la pérdida contale resultante en Orense, unos 1.100 millones, con el beneficio que se obtiene en Bressel".

Para los interventores judiciales, la pérdida en Orense "no es consecuencia de la venta ahora proyectada, sino del precio excesivo abonado en su día, cuando se compró a la filial IGS de Mercado Hipotecario, en una operación típica de 'maquillaje' de resultados aflorando beneficios inexistentes".

Con relación a Orense (oficinas sociales de IGS), que son en total 2.657,94 m2 de oficinas, más 178,60 m2 de terrzas al descubierto y 53 plazas de garaje, los interventores precisan que "el conjunto de fincas está gravado con una hipoteca a favor de Banco Exterior Hipotecario, del Grupo Argentaria, para responder de un préstamo cuyo capital pendiente de amortizar es de 1.040.200.464 pesetas, al 16,5 por 100 anual de interés; la deuda total, incluidos intereses vencidos y no pagados, asciende a 1.234.012.549 pesetas, pendientes de actualizción"

Los tres interventores reflejan también en el auto que "el monto de itereses, algo más de 14 millones de pesetas al mes, es muy superior al coste de alquiler de una oficinas idóneas para las necesidades de IGS, y la carga de esta hipoteca, incluidos plazos de amortizacion, requiere unos recursos que deben destinarse a la finalidad básica de construir viviendas.

"Se pretende pues vender este edificio y trasladarse a unas oficinas en alquiler, cuyo coste se estima en unos 3 ó 4 millones al mes; la entrega se efectuaria hacia el mes de junio, y el precio de venta es de uns 1.400 millones de pesetas, que se detinarían en primer lugar a cancelar las responsabilidades hipotecarias descritas, quedando unos 150 a 200 millones de fondos líquidos".

Con relación a la segunda finca, Bressel, ocupada por la fábrica de este nombre en la calle Fernán Núñez 19, y con una superficie de 15.714,06 m2, el auto dice que "se trata de una promocion inmobiliaria iniciada, con proyecto y licencia, e incluso con casas vendidas, que serían rescatadas antes de la venta del inmueble conjunto". Asimismo, los interventores añaden: "Las caracteristicas de las viviendas proyectadas, de lujo, con precios del orden de 50 millones por unidad, y superficies de 250 m2, la configuran como una promoción atípica de IGS".

Según el citado auto, el coste desembolsado por IGS es en total de 1.645 millones y se espera vender por unos 2.500 millones al contado (repercusión promedia de 93.067 pesetas m2 a contruir)

En el auto, los interventores subrayan que se solicitó la suspensión de pagos a raíz e la carencia de fondos, lo que ha impedido no sólo atender los pagos comprometidos, sino tambien la continuidad de las obras y tramitaciones para terminar las obras.

"La dimensión de problema y el tipo de afectados (en total, junto a los afectados por PSV, unas 20.000 familias) hacen que este expediente concursal sea difícilmente comparable con cualquier otro, cuyos afectados son siempre empresas para quienes la falencia de un deudor es un riesgo calculado".