Según informó este jueves el Instituto Armado, los arrestados en la 'operación Kaltegarria' están acusados de delitos de organización criminal, contra el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, falsedad y blanqueo.

Se han practicado tres registros en la localidad de Irún (Guipúzcoa), uno en la localidad de Arenales del Sol (Alicante) y otro en la localidad francesa de Castres, en los que se han intervenido más de 26 toneladas de productos fitosanitarios no regulados, cerca de 20.000 euros en efectivo y siete vehículos.

Además, se han bloqueado multitud de activos financieros, incluyendo 14 cuentas bancarias por un valor total de medio millón de euros. El valor de los bienes incautados supera el millón de euros. Se estima que la organización habría obtenido unos beneficios ilegales de tres millones de euros.

GRANDES RIESGOS

La Guardia Civil destacó que la operación se enmarca en la protección de la sanidad vegetal, que busca defender las plantas de plagas y enfermedades que amenazan la agricultura y la biodiversidad. Se resalta que España es líder europeo en producción y exportación de frutas y hortalizas, por lo que el uso de sustancias no autorizadas puede tener graves consecuencias.

Los productos fitosanitarios ilegales entrañan grandes riesgos para la salud y el medio ambiente, pero siguen demandándose por su efectividad y tradición de uso. El marco legal prohíbe o restringe muchos de ellos.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Irún con apoyo de Europol. Han participado la Benemérita, la Gendarmería francesa y otras autoridades de este país.

Los detenidos aceptaban los riesgos por las cuantiosas ganancias, en connivencia con agricultores que los demandan. La Guardia Civil alerta del gran peligro de estos productos tóxicos y no autorizados.