Según informó el Ministerio del Interior, en la operación ‘Kaltegarria’, realizada en dos fases, se han practicado un total de cinco registros, uno de ellos en la localidad francesa de Castres. Se han intervenido más de 26 toneladas de productos fitosanitarios no regulados y se ha procedido a la detención o investigación de un total de 22 personas:

Han sido acusados de pertenencia a organización criminal; delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente; contra la salud pública; de riesgo catastrófico; falsedad documental; y blanqueo de capitales. Adicionalmente, se ha investigado a nueve personas jurídicas por los hechos reseñados.

Además, se han aprehendido casi 23.000 euros en metálico, ocho vehículos (uno de ellos en Francia) y se han bloqueado 14 cuentas bancarias.

CLAN FAMILIAR

La organización estaba conformada por tres hermanos, uno de los cuales era el titular de los registros de las páginas web de ventas online y los otros dos realizaban las actividades relacionadas con el almacenaje y distribución de los productos químicos.

Además, el padre de los hermanos efectuaba operaciones de logística, carga y descarga de productos fitosanitarios de uso profesional, careciendo de autorización requerida para estas labores. Esta función la llevaba a cabo tanto en la nave mercantil como en un almacén clandestino de una empresa de trasteros.

La organización conseguía los productos de manera clandestina y los almacenaban en la sede de la empresa localizada en Irún (Gipuzkoa) y un almacén ubicado en las proximidades de dicha sede.

Acto seguido, anunciaban los productos para la venta en internet a través de la web de la empresa en distintas plataformas de comercio electrónico, a cualquier usuario y país. Asimismo, distribuían desde el lugar de almacenamiento los fitosanitarios por medio de empresas de paquetería de distribuidores franceses o españoles, o bien, con vehículos propios.

Se estima que la citada organización criminal ha obtenido un beneficio cercano a los cinco millones de euros, derivado de la venta ilícita de los citados productos químicos en territorio nacional, así como a diversos países del continente europeo, destacando Francia.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº5 de Irún y ha contado con el apoyo de las Comandancias de Gipuzkoa y de Alicante, y el Servicio Cinológico de la Guardia Civil.